Andres Jaroslavsky

En 1983, luego de una dictadura militar que ejerció el terrorismo de Estado en forma sistemática, la Argentina inició el retorno a la democracia. Fue una etapa de euforia y liberación para la sociedad, marcada por un profundo reclamo de justicia. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no aceptarían ser juzgadas por sus crímenes, ejerciendo una constante amenaza sobre la frágil democracia. Pronto los gobiernos de Alfonsín y Menem claudicaron, y las Fuerzas Armadas obtuvieron leyes que garantizarían la impunidad de sus crímenes. El clima de esos años, para los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, era de una profunda frustración ante una impunidad que parecía instalarse para siempre. Peor aún, la democracia no producía milagros y los sectores antidemocráticos fomentaban el mito de la dictadura como un tiempo de “orden y seguridad”. Hacia finales de los ’80, dentro de este marco de desencanto, la provincia de Tucumán tuvo la triste iniciativa de postular a un represor de la dicta